AHORA TODOS DESCUBRIERON QUE LA 136 SE VA (y eso que veníamos avisando)

Hay una forma particularmente incómoda de comprobar que una advertencia era cierta: esperar el tiempo suficiente hasta que aquello que parecía exagerado termine convertido en una noticia.

Durante más de dos años, desde A32 Noticias, venimos escribiendo sobre el deterioro del transporte público en Marcos Paz. No descubrimos el problema cuando apareció el expediente.

El 26 de junio de 2024 publicamos “Regresar a Marcos Paz en bondi: una odisea interminable”. Aquella noche, casi tres horas de espera anticipaban una historia todavía inconclusa.

Por entonces señalábamos las responsabilidades de las empresas, de los gobiernos provinciales y nacionales, pero también las obligaciones políticas de quienes administran los municipios afectados.

Aquella nota describía pasajeros esperando durante horas en Merlo, servicios insuficientes durante la madrugada y una ciudad cuyos habitantes parecían condenados a descifrar horarios como quien interpreta un antiguo manuscrito.

Un año después, el 29 de abril de 2025, volvimos sobre el asunto. “A pesar del pésimo servicio aumentan las tarifas” fue publicado cuando las deficiencias ya habían dejado de ser excepcionales.

Entonces hablábamos de frecuencias reducidas, colectivos que no aparecían, servicios nocturnos prácticamente inexistentes y pasajeros obligados a buscar alternativas más caras para regresar a sus hogares.

Mientras el precio del boleto encontraba una puntualidad casi matemática, el servicio parecía entregarse a una geometría diferente: frecuencias imprevisibles, esperas interminables y pasajeros abandonados después de determinadas horas.

Más tarde, el 20 de julio de 2026, publicamos “Maltrato, menos servicios y más abandono”, después de presenciar un episodio ocurrido dentro de un interno de la línea 322.

No era solamente una discusión entre un pasajero y un chofer. Aquello volvía a colocar sobre la mesa una pregunta más incómoda: ¿quién controla realmente un servicio público esencial?

Finalmente, el 30 de septiembre de 2026 apareció el capítulo que muchos parecen descubrir recién ahora: la posible desaparición de la línea 136 y sus consecuencias.

Cuatro fechas, cuatro momentos distintos y una misma historia atraviesa los años: el servicio se deterioró, los reclamos se acumularon y las respuestas políticas nunca parecieron alcanzar.

Quizá el problema consista precisamente en eso: cuando una ciudad se acostumbra al deterioro, cada pequeña pérdida termina pareciendo normal hasta que, un día, desaparece aquello que parecía imposible perder.

Ahora algunos dirigentes parecen descubrir, con genuina sorpresa, que Marcos Paz puede quedar más aislado. La memoria periodística, sin embargo, tiene una virtud poco conveniente: conserva aquello que otros preferirían olvidar.

Porque las fechas están ahí, inmóviles, como esas cifras que Borges imaginaba escondidas en los pliegues del tiempo. No discuten, no militan, no responden acusaciones: simplemente permanecen.

También permanecen las preguntas que formulamos entonces. ¿Qué ocurría con las frecuencias? ¿Qué pasaba durante la noche? ¿Qué gestiones realizaban las autoridades? ¿Qué alternativas se estaban buscando?

La respuesta más sencilla habría sido escuchar esas preguntas cuando fueron formuladas. En cambio, quienes advertíamos sobre el problema fuimos señalados como operadores, resentidos y responsables de vaya uno a saber qué conspiración.

Resulta curioso que ciertas etiquetas aparezcan justamente cuando una advertencia incomoda. Es más fácil discutir la intención de quien habla que responder por aquello que está denunciando.

El tiempo, sin embargo, tiene una costumbre desagradable para quienes confían demasiado en la descalificación: transforma las acusaciones formuladas por las urracas de ocasión en polvo y deja los hechos sobre la mesa.

Algo parecido ocurre con la explicación que pretende reducir todo lo sucedido a una decisión del Gobierno nacional. La documentación conocida permite describir un escenario bastante más complejo.

La Secretaría de Transporte inició el proceso participativo para avanzar sobre las líneas 136 y 163 a partir de una solicitud presentada por Sargento Cabral SAT, vinculada al Grupo Metropol.

La empresa fundamentó su pedido en una caída sostenida de pasajeros cercana al treinta por ciento y en el deterioro de la ecuación económico-financiera de la explotación.

Por supuesto que el Estado nacional deberá explicar qué hará frente a esa solicitud. Pero una cosa es resolver administrativamente un pedido empresarial y otra afirmar que la empresa jamás pidió abandonar las trazas.

Hay, además, una paradoja que merece ser examinada: si durante años se deteriora un servicio, disminuyen las frecuencias y desaparecen prestaciones, también puede caer la cantidad de pasajeros.

El abandono de “la traza”, no es un acto intempestivo, sino un proceso que ya se venía dando paulatinamente ante los ojos idiotas de autoridades políticas que parecen habitar una realidad paralela.

Entonces la estadística corre el riesgo de convertirse en una especie de espejo: muestra la consecuencia y parece ocultar, al mismo tiempo, parte del camino que condujo hasta ella.

Desde A32 también denunciamos públicamente situaciones vinculadas con los servicios nocturnos y modalidades informales de traslado que, según los testimonios recibidos, involucraban unidades fuera de servicio y cobros de dinero entre Merlo y Marcos Paz.

Aquello fue comunicado incluso durante entrevistas realizadas en Área 32 Contacto Urbano, entre ellas una conversación con la diputada nacional Marina Salzmann, porque entendíamos que el problema excedía largamente una simple queja vecinal.

Algunas de esas denuncias fueron posteriormente tomadas por otros medios, incluido el periódico Realidad, que las llevó a sus ediciones impresas. Tampoco entonces parecieron producirse respuestas capaces de modificar sustancialmente el escenario.

Ahora asistimos a una escena conocida: funcionarios, dirigentes y distintos actores políticos descubren repentinamente la gravedad del problema y comienzan a rasgarse las vestiduras ante una situación largamente anunciada.

No se trata de adjudicar una responsabilidad exclusiva al Municipio. Sería tan simplista como atribuírsela exclusivamente a la empresa o al Gobierno nacional. El problema tiene varios responsables institucionales.

Sin embargo, la administración municipal tampoco puede comportarse como espectadora de una crisis que afecta diariamente a sus vecinos. Puede no decidir sobre una concesión nacional, pero sí gestionar, reclamar, anticiparse y buscar alternativas.

Una ciudad que depende de pocas conexiones debería saber que cualquier decisión empresarial puede transformarse en una crisis territorial. Esperar hasta el último capítulo para comenzar a buscar respuestas nunca parece una estrategia demasiado brillante.

Tal vez ahí esté la verdadera cuestión política: no solamente quién tiene la culpa de que la 136 pueda desaparecer, sino quién estuvo mirando mientras el camino hacia esa desaparición se hacía cada vez más evidente.

Durante años hubo señales. Algunas fueron pequeñas, otras evidentes; todas quedaron registradas. Las frecuencias disminuyeron, los servicios nocturnos desaparecieron, los reclamos se multiplicaron y finalmente apareció el pedido empresarial.

Ahora comienza la discusión sobre qué hacer. Y esa discusión debe incluir alternativas concretas, nuevas empresas, recorridos posibles, infraestructura y gestiones ante las autoridades competentes, antes de que la ausencia se convierta en costumbre.

Porque una ciudad no queda aislada de un día para otro. Primero pierde una frecuencia, después un horario, luego una posibilidad de regresar. Finalmente descubre que aquello que parecía permanente era apenas una costumbre.

Marcos Paz está llegando a ese instante. La 136 todavía puede ser una línea en discusión, pero el problema ya dejó de ser hipotético: la fragilidad del sistema quedó tan expuesta como la inacción de funcionarios y concejales.

Nosotros solamente podemos hacer una cosa frente a todo esto: volver al archivo. Allí están las fechas, los textos, las advertencias y las preguntas que alguna vez parecieron exageradas.

El archivo no tiene intereses políticos, ni memoria selectiva, ni necesidad de quedar bien con nadie. Es una forma modesta de justicia: recordar lo que se dijo cuando todavía había tiempo para escucharlo.

Por eso hoy no necesitamos que nadie nos reconozca haber tenido razón. Necesitamos algo bastante más importante: que quienes tenían responsabilidades expliquen qué hicieron mientras aquello que advertíamos se transformaba lentamente en realidad.