Canteras abandonadas: Desidia que mata

La muerte de un joven de 18 años en una cantera de Marcos Paz vuelve a poner sobre la mesa una discusión que suele aparecer después de cada tragedia y desaparecer con la misma velocidad con la que llegan las noticias: qué responsabilidad tienen el Estado y los propietarios privados sobre aquellos espacios que, por abandono, falta de control o ausencia de medidas de seguridad, terminan convertidos en escenarios de riesgo para la población.

El domingo 8 de noviembre, Bomberos Voluntarios de Marcos Paz encontraron sin vida a un joven que era intensamente buscado en una cantera ubicada sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 48. Según las primeras informaciones, habría ingresado al agua para nadar. El operativo de búsqueda terminó de la peor manera.

La primera reacción suele ser señalar la imprudencia de quien decide meterse en un espejo de agua no habilitado. Y es cierto que ingresar a una cantera puede representar un peligro enorme. La profundidad irregular, los desniveles del fondo, los cambios bruscos de temperatura, los sedimentos y los obstáculos sumergidos convierten estos lugares en trampas difíciles de advertir desde la superficie. No son balnearios ni piletas naturales.

Pero reducir lo ocurrido a una conducta individual es una manera demasiado cómoda de evitar las preguntas verdaderamente incómodas. Porque una cosa es advertir que alguien tomó una decisión imprudente y otra muy distinta es aceptar que los espacios peligrosos permanezcan librados a su propia suerte, sin controles suficientes, sin infraestructura preventiva y sin responsables que respondan por su estado.

Las canteras no aparecen espontáneamente en el paisaje. Son el resultado de actividades económicas, movimientos de suelo, explotaciones comerciales y decisiones empresariales que modifican profundamente el territorio. Cuando esas actividades terminan, queda una obligación que no puede desaparecer junto con la rentabilidad: hacerse cargo del impacto producido y de las condiciones en las que se abandona el predio.

Un pozo de extracción puede convertirse, con el paso del tiempo, en una laguna de dimensiones considerables. Para algunos será un paisaje atractivo, para otros un lugar de recreación improvisado y para los más jóvenes una invitación a desafiar los límites. Pero debajo de esa apariencia puede esconderse un peligro que no siempre resulta visible. La ausencia de carteles, cercos adecuados y vigilancia transforma un riesgo conocido en una amenaza cotidiana.

Aquí aparece la responsabilidad privada. Las empresas que desarrollan actividades extractivas no pueden considerar que su compromiso termina cuando dejan de explotar un terreno. La recuperación ambiental, el acondicionamiento del predio, la estabilidad de los taludes y la prevención de accidentes forman parte de las obligaciones que deben acompañar una explotación responsable.

No alcanza con abandonar el lugar y esperar que el tiempo resuelva lo que la actividad económica dejó pendiente. Tampoco alcanza con colocar un cartel de prohibido bañarse en algún acceso y considerar cumplida la obligación. Si existe un riesgo concreto y previsible, la prevención exige medidas proporcionales a ese peligro.

Y cuando se trata de predios privados, la responsabilidad empresarial no desaparece porque el ingreso esté formalmente prohibido. Hay que evaluar si el terreno está efectivamente protegido, si existen accesos informales, si las barreras son suficientes y si se adoptaron medidas para impedir que cualquier persona, especialmente niños y adolescentes, pueda llegar inadvertidamente hasta el agua.

El Estado, por su parte, tampoco puede refugiarse detrás de la propiedad privada para desentenderse del problema. Los municipios, los organismos provinciales y las autoridades competentes tienen responsabilidades de fiscalización, control y prevención. La titularidad de un terreno no convierte al peligro en un asunto exclusivamente particular.

La administración pública debe conocer qué canteras existen, cuáles continúan en actividad, cuáles fueron abandonadas, quiénes son sus responsables y qué condiciones de seguridad presentan. Debe inspeccionar, exigir el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de seguridad, aplicar sanciones cuando corresponda y disponer intervenciones cuando exista un riesgo para la población.

¿De qué sirve una prohibición escrita si nadie controla su cumplimiento? ¿Qué eficacia tiene un alambrado precario si puede atravesarse por cualquier sector? ¿Quién verifica que los accesos permanezcan cerrados? ¿Quién se ocupa de que las advertencias sean visibles y de que los riesgos estén debidamente señalizados?

La prevención no puede consistir en una colección de carteles colocados para que, después de una tragedia, alguien pueda demostrar que había advertido sobre el peligro. La señalización es necesaria, pero no reemplaza el control ni las obras de seguridad. Un cartel no detiene a una persona, un alambre improvisado no garantiza un perímetro seguro y una prohibición no convierte automáticamente un lugar peligroso en un espacio protegido.

Hay que actuar antes. Eso significa realizar un relevamiento integral de las canteras y excavaciones inundadas del distrito, establecer un registro público de predios, identificar a sus propietarios y responsables, inspeccionar sus condiciones y exigir planes concretos de cierre, recuperación y seguridad.

También significa establecer perímetros de protección adecuados, bloquear los accesos no autorizados, colocar señalización visible desde distintos puntos, mantener vigilancia cuando las características del lugar lo requieran y disponer mecanismos de intervención rápida ante situaciones de emergencia. En los casos donde el riesgo lo justifique, habrá que evaluar incluso la posibilidad de realizar obras de acondicionamiento que impidan el acceso al agua.

No se trata de convertir cada predio privado en un parque público ni de responsabilizar al municipio por cada decisión individual. Se trata de comprender que la libertad de los particulares para desarrollar actividades económicas tiene límites y que la autoridad pública tiene obligaciones que no puede abandonar. Cuando una actividad transforma el territorio y deja condiciones peligrosas, alguien debe hacerse cargo.

También es necesario discutir qué destino se les quiere dar a estos espacios. Algunas canteras podrían recuperarse ambientalmente, otras requerirán obras de seguridad y determinadas áreas podrían tener posibilidades de reconversión bajo condiciones estrictas. Lo que no resulta admisible es dejarlas en una especie de limbo: ya no son explotaciones productivas, tampoco son espacios recreativos habilitados y, sin embargo, permanecen accesibles para cualquiera.

En Marcos Paz, como en tantos otros distritos, el crecimiento urbano y la transformación del territorio obligan a revisar qué sucede con esos lugares que quedan fuera de la mirada cotidiana de las autoridades. No alcanza con reaccionar cuando los Bomberos Voluntarios reciben una emergencia. Su intervención es fundamental, pero no puede convertirse en el último eslabón de una cadena de responsabilidades que debió funcionar mucho antes.

La muerte de un joven de 18 años no debería quedar reducida a una advertencia sobre los peligros de bañarse en una cantera. Esa advertencia es necesaria, especialmente para las familias y los adolescentes, pero resulta insuficiente si no viene acompañada de decisiones políticas, controles administrativos y obligaciones empresariales efectivas.

Hay una diferencia enorme entre advertir que un lugar es peligroso y hacer algo para que deje de serlo. La primera opción permite deslindar responsabilidades; la segunda exige presupuesto, inspecciones, decisiones, controles y, eventualmente, sanciones.

La sociedad no puede aceptar que la prevención sea apenas un cartel, que la responsabilidad empresarial termine donde termina la extracción y que el Estado aparezca únicamente cuando ya no queda nada por hacer. Si existen lugares peligrosos, deben estar identificados, controlados y protegidos. Y si sus responsables no cumplen, las autoridades deben intervenir.

Porque cuando un espacio abandonado se convierte en una trampa mortal, la pregunta no puede ser solamente por qué alguien decidió ingresar. También hay que preguntar quién permitió que ese peligro permaneciera allí, quién tenía la obligación de evitarlo y por qué nadie hizo lo suficiente para impedirlo.

Un cartel de prohibido bañarse no es una política de prevención. Un alambrado no es una política de seguridad. Y la desidia, sea pública o privada, no puede seguir siendo parte del paisaje.