Huelga de Hambre en el penal

 
Milton Tolomeo, acusado de terrorismo por su participación en la movilización contra la reforma laboral del 11 de febrero de 2026, inició una huelga de hambre en el Penal de Marcos Paz. 

La medida busca obtener respuestas a una serie de reclamos vinculados con sus condiciones de alojamiento, la falta de atención médica y las restricciones impuestas a las visitas de organismos de derechos humanos.

La situación fue denunciada por la Coordinadora por la Libertad de los Presos Políticos, que reclamó una intervención urgente de las autoridades penitenciarias y exigió la libertad de Tolomeo y Eneas Gallo, quienes permanecen detenidos bajo prisión preventiva imputados en la misma causa.

Ambos fueron acusados de terrorismo a raíz de su participación en la movilización contra la reforma laboral realizada el 11 de febrero de 2026. 

Desde la organización sostienen que el proceso judicial representa un antecedente preocupante para el ejercicio del derecho a la protesta y la participación en manifestaciones públicas.

Según la Coordinadora, las condiciones de detención se agravaron desde que los dos detenidos fueron alojados en el Penal VIII. 

Entre las situaciones denunciadas figuran la ausencia de atención médica adecuada, la suspensión de actividades educativas y recreativas y las limitaciones para recibir visitas de representantes de organismos de derechos humanos.

Tolomeo anunció que mantendrá la huelga de hambre hasta obtener respuestas concretas a sus demandas. La organización, por su parte, advirtió que la situación requiere una intervención urgente para evitar un mayor deterioro de su estado físico y garantizar sus derechos fundamentales.

La protesta social y los límites de la acusación de terrorismo

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede la situación particular de los detenidos: ¿qué significa jurídicamente cometer un acto terrorista y dónde termina ese concepto cuando se lo aplica a una manifestación social?

En el ámbito internacional no existe todavía una definición única y universalmente consensuada de terrorismo. Sin embargo, hay criterios establecidos por Naciones Unidas que permiten distinguir los actos terroristas de otras conductas delictivas y, especialmente, de las formas de protesta social.

La Resolución 1566 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en 2004, caracteriza como terroristas determinados actos criminales cometidos con intención de provocar muertes o lesiones corporales graves, o tomar rehenes, cuando además persiguen generar terror en la población, intimidarla o forzar a un gobierno u organismo internacional a adoptar determinadas decisiones.

El elemento central no es, por lo tanto, que una protesta sea conflictiva, que provoque cortes de calles, enfrentamientos o daños materiales. 

La calificación de terrorismo exige conductas y finalidades específicas que no pueden presumirse por el solo hecho de participar en una movilización o protagonizar incidentes.

En la misma dirección, los estándares de derechos humanos de Naciones Unidas advierten que las legislaciones antiterroristas no deben utilizarse para restringir el derecho de reunión y manifestación. 

Incluso contemplan que la conducta violenta de algunos participantes no convierte automáticamente en violenta a toda una asamblea ni permite atribuir esa responsabilidad al conjunto de sus integrantes.

Esto no significa que los destrozos, las agresiones o los enfrentamientos durante una movilización carezcan de consecuencias jurídicas. Pueden constituir delitos y dar lugar a investigaciones y sanciones. 

Pero una cosa es investigar responsabilidades penales por hechos concretos y otra muy diferente es encuadrarlos bajo la figura de terrorismo sin acreditar los elementos que esa calificación requiere.

La diferencia no es semántica ni menor: implica separar el ejercicio de un derecho democrático de las conductas criminales que eventualmente puedan producirse durante su ejercicio.

En el caso de Tolomeo y Gallo, la acusación de terrorismo deberá sostenerse sobre pruebas y fundamentos jurídicos concretos. La participación en una movilización contra una reforma laboral, por sí sola, no demuestra la comisión de un acto terrorista.

Mientras tanto, la huelga de hambre de Tolomeo agrega una dimensión urgente al expediente: las condiciones de detención, el acceso a la atención médica y las garantías que deben respetarse incluso cuando una persona se encuentra sometida a prisión preventiva.

La discusión, en definitiva, no consiste en justificar eventuales hechos de violencia ni en negar la obligación del Estado de investigar delitos. Consiste en evitar que una figura penal de extrema gravedad se convierta en una herramienta para equiparar el conflicto social con el terrorismo. Porque protestar, incluso de manera ruidosa, incómoda o disruptiva, no convierte a nadie en terrorista.