MARCOS PAZ, CADA VEZ MÁS AISLADO: LA 136 TAMBIÉN SE QUIERE IR

 La posible eliminación de la línea 136 de colectivos amenaza con profundizar el aislamiento de Marcos Paz, aumentar los costos de movilidad de sus habitantes y agravar una crisis del transporte público que lleva tiempo sin encontrar respuestas suficientes de las autoridades municipales.

La Secretaría de Transporte de la Nación inició un proceso participativo para avanzar en la eliminación de las líneas 136 y 163, a pedido de la empresa Sargento Cabral SAT, operadora de ambos servicios y vinculada al Grupo Metropol. La solicitud se fundamenta en una caída sostenida cercana al 30% en la cantidad de pasajeros transportados, situación que, según la compañía, habría alterado la ecuación económico-financiera de la explotación.

Sin embargo, detrás de los argumentos empresariales aparece una pregunta que merece una discusión más profunda: ¿cómo se llegó a este escenario y quiénes deben hacerse responsables de sus consecuencias?

La propia empresa fue deteriorando progresivamente las condiciones del servicio. La reducción de frecuencias, las dificultades para viajar y la pérdida de prestaciones fueron restándole atractivo a una línea que durante años constituyó una conexión fundamental para miles de vecinos y vecinas. La merma de pasajeros no puede analizarse al margen de ese proceso, como si la demanda hubiera caído por una decisión espontánea de los usuarios.

A ese deterioro se suma otro factor decisivo: la pérdida de puestos de trabajo. Cuando cierran empresas, se reducen las actividades productivas y cada vez más familias deben ajustar sus gastos, también disminuye la necesidad de trasladarse diariamente. La caída del empleo y del poder adquisitivo repercute directamente sobre el transporte público, especialmente en localidades donde una parte importante de la población depende del colectivo para llegar a sus lugares de trabajo.

Presentar la disminución de pasajeros como un fenómeno exclusivamente empresarial o como una consecuencia inevitable de la competencia entre medios de transporte supone dejar afuera una parte sustancial del problema. El transporte no funciona en el vacío: depende de la actividad económica, de la distribución del empleo y de las posibilidades concretas que tienen las personas de pagar sus viajes.

Tampoco resulta convincente atribuir el eventual retiro de la 136 a la competencia del Ferrocarril Sarmiento. El tren constituye una alternativa para determinados recorridos, pero su frecuencia aproximada de un servicio por hora —cuando los horarios se cumplen— está lejos de garantizar una cobertura suficiente para todas las necesidades de movilidad de Marcos Paz y las localidades vecinas.

El ferrocarril y el colectivo deberían integrar un sistema complementario, con conexiones, frecuencias y recorridos que permitan a los usuarios elegir la alternativa más adecuada. Convertir esa relación en una explicación suficiente para justificar la desaparición de una línea implica desconocer las diferencias entre ambos servicios y las necesidades de quienes viven lejos de las estaciones o deben realizar trayectos que el tren no cubre.

Además, la empresa ya había abandonado los servicios nocturnos, reduciendo las posibilidades de regresar a sus hogares para quienes trabajan hasta tarde, estudian o cumplen actividades fuera de los horarios habituales. Aquella decisión anticipaba un deterioro que ahora amenaza con alcanzar una dimensión mucho mayor.

A32 Noticias viene advirtiendo desde hace tiempo sobre los problemas del transporte público en Marcos Paz, las dificultades que enfrentan los pasajeros y la necesidad de respuestas concretas. La eventual eliminación de la 136 no aparece, entonces, como un acontecimiento aislado, sino como la profundización de una crisis que se fue desarrollando a la vista de todos.

Frente a este panorama, también resulta necesario preguntarse por la actitud del Gobierno municipal. La problemática del transporte requiere una intervención sostenida, gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales, diálogo con las empresas y una planificación que contemple las necesidades actuales y futuras de la población. La pasividad frente al deterioro de los servicios termina trasladando el costo del problema a quienes menos posibilidades tienen de absorberlo.

Las consecuencias exceden ampliamente los límites de Marcos Paz. Para General Las Heras y Navarro, localidades que también dependen de las conexiones de transporte con otros centros urbanos, la reducción o desaparición de servicios puede representar un perjuicio todavía mayor. Menos frecuencias y menos alternativas significan mayores dificultades para acceder al empleo, la educación, la salud y los trámites que deben realizarse fuera de cada localidad.

En Marcos Paz, perder la 136 implicaría quedar prácticamente aislados de numerosas conexiones que hoy forman parte de la vida cotidiana. Quienes no disponen de automóvil particular tendrían que reorganizar sus viajes, combinar más medios de transporte o recurrir a alternativas más caras. Para una familia que ya destina una parte importante de sus ingresos a los gastos básicos, pagar más para trasladarse no es un inconveniente menor: es otra forma de perder capacidad económica.

El problema también afecta el desarrollo de la ciudad. Una localidad con conexiones insuficientes encuentra mayores dificultades para atraer inversiones, sostener actividades comerciales y ofrecer oportunidades laborales a sus habitantes. El transporte público no es un servicio accesorio: constituye una infraestructura esencial para la integración territorial y el funcionamiento de la economía local.

Ante la posibilidad de que la 136 deje de circular, Marcos Paz necesita discutir alternativas concretas y no limitarse a esperar la resolución de un expediente administrativo. Es necesario reclamar que se garantice la continuidad de las conexiones, conocer los alcances reales de la propuesta empresarial y exigir que las autoridades competentes expliquen qué medidas contemplan para evitar que miles de usuarios queden sin una opción razonable para trasladarse.

En esa discusión aparece una alternativa que merece ser considerada con seriedad: completar la pavimentación de todo el trayecto de la Ruta 2003. La obra permitiría mejorar la circulación y las condiciones de acceso, además de generar una infraestructura que facilite el ingreso de nuevas líneas de transporte público a sectores hoy insuficientemente conectados.

A diferencia de los recorridos condicionados por la proximidad de las vías ferroviarias, un esquema de transporte que utilice ese corredor podría ofrecer alternativas sin depender de la misma relación territorial con el Ferrocarril Sarmiento. La incorporación de nuevos operadores requeriría estudios de demanda, acuerdos y autorizaciones correspondientes, pero la infraestructura vial podría constituir una herramienta concreta para ampliar la oferta y reducir la dependencia de una única empresa.

La pavimentación integral de la Ruta 2003 no resolvería por sí sola todos los problemas del transporte, pero permitiría abrir una discusión que hasta ahora parece postergada: cómo construir una red de movilidad que responda a las necesidades de Marcos Paz y de las localidades de la región, en lugar de depender de las decisiones comerciales de un operador.

La eventual salida de la 136 deja al descubierto una fragilidad estructural. Cuando una empresa reduce prestaciones durante años y finalmente plantea abandonar un recorrido, la comunidad queda expuesta a las consecuencias de decisiones sobre las que tiene escasa capacidad de intervención. Por eso, la respuesta no puede limitarse a lamentar la pérdida del servicio ni a aceptar sus fundamentos económicos como una explicación definitiva.

El transporte público debe sostener una ecuación económica viable, pero también cumplir una función social que no puede medirse exclusivamente por la rentabilidad de cada recorrido. Cuando la prestación resulta indispensable para garantizar el acceso al trabajo, la educación y la salud, las autoridades tienen la responsabilidad de intervenir y buscar soluciones.

Marcos Paz necesita respuestas antes de que el aislamiento se convierta en un hecho consumado. La continuidad de la 136, la recuperación de los servicios deteriorados y la incorporación de nuevas alternativas deben formar parte de una discusión urgente, con participación de los municipios afectados y de los organismos responsables.

Porque cuando desaparece una línea de colectivos no se pierde solamente un recorrido en el mapa. Se pierden tiempo, oportunidades y dinero; se restringe la autonomía de quienes no tienen vehículo propio y se profundizan las desigualdades entre quienes pueden pagar otras formas de movilidad y quienes dependen del transporte público.

Si la 136 finalmente abandona Marcos Paz, la pregunta no será solamente por qué la empresa decidió irse. También habrá que preguntar qué hicieron las autoridades para evitarlo, qué alternativas ofrecieron y por qué se permitió que el deterioro llegara hasta este punto.